La inteligencia artificial como artífice de la soberanía
La inteligencia artificial ya no puede analizarse meramente como una cuestión de innovación tecnológica. En los últimos años se ha convertido en un factor estructural que incide directamente en la organización del Estado, en el ejercicio del poder público, en la protección de los derechos humanos y en la soberanía nacional.
En México, este contexto adquiere una dimensión adicional: la defensa de la soberanía mental, digital e institucional frente a dinámicas de extracción de datos, manipulación algorítmica y dependencia tecnológica.
Desde la perspectiva doctrinal del Humanismo Digital Mexicano —desarrollado con mayor amplitud en mi obra Manifiesto Mexicano de Humanismo Digital. Por la soberanía de la mente, la justicia de género y la dignidad tecnológica del Estado— la inteligencia artificial no es neutral. Es una infraestructura de poder.
Y toda infraestructura de poder exige conducción estatal.
Durante años, la inteligencia artificial fue presentada como un instrumento de eficiencia: automatización, reducción de procesos en la cadena de valor y disminución de costos. Sin embargo, cuando los sistemas algorítmicos intervienen en procesos gubernamentales como la administración de justicia, la contratación laboral, el acceso a créditos o la asignación de ayudas sociales, dejan de operar como simples herramientas técnicas y se convierten en componentes estructurales del aparato estatal.
En estos casos, la gobernanza no es opcional. Es una obligación constitucional.
Permitir que estos sistemas operen sin diseño normativo claro impacta directamente en zonas de decisión pública sin control democrático ni garantías reforzadas de derechos, poniendo en riesgo a la población y a la soberanía del Estado.
Gobernar la inteligencia artificial no significa frenar la innovación. Significa integrarla dentro del marco del Estado de Derecho.
Desde el Humanismo Digital Mexicano, la gobernanza implica:
- Proteger la soberanía mental y los neuroderechos.
- Asegurar la territorialidad y el control nacional de los datos estratégicos.
- Garantizar justicia algorítmica con perspectiva de género.
- Establecer transparencia, trazabilidad y derecho a la explicación.
- Orientar la tecnología hacia un propósito social verificable.
Sin reglas claras, la tecnología no genera libertad: genera concentración de poder.
El vacío normativo no produce neutralidad tecnológica, sino subordinación institucional.
La conducción de la inteligencia artificial no puede quedar exclusivamente en manos del mercado ni de esquemas de autorregulación privada.
El Estado Mexicano, conforme a la arquitectura propuesta por el Humanismo Digital, debe asumir al menos cuatro responsabilidades estructurales:
1. Reforma y reconocimiento constitucional
Incorporar límites claros frente a la manipulación cognitiva, la vigilancia intrusiva y la interferencia tecnológica en la autonomía mental.
2. Marco legal general y vinculante
Establecer una Ley General de Inteligencia Artificial con enfoque basado en riesgos, derechos humanos y soberanía nacional.
3. Supervisión técnica especializada
Crear una autoridad nacional de supervisión algorítmica con facultades reales de auditoría y sanción.
4. Desarrollo de capacidades propias
Impulsar infraestructura digital crítica, nubes soberanas y autonomía tecnológica para reducir la dependencia estructural.
Sin estas capas institucionales, la arquitectura estatal quedaría incompleta frente al poder algorítmico.
La experiencia comparada demuestra que cuando el derecho actúa únicamente después del daño, la reparación es parcial y costosa.
Una política pública eficaz en inteligencia artificial debe ser anticipatoria.
Esto implica:
- Clasificar los sistemas por niveles de riesgo.
- Exigir auditorías periódicas.
- Garantizar supervisión humana efectiva.
- Establecer responsabilidad jurídica clara.
- Diseñar estándares obligatorios de transparencia.
La prevención institucional es más sólida que la reacción tardía.
El Humanismo Digital Mexicano no propone aislamiento ni rechazo tecnológico. Propone conducción soberana.
La inteligencia artificial debe integrarse al funcionamiento del Estado bajo tres principios rectores:
- Dignidad humana como límite.
- Soberanía nacional como marco.
- Justicia social como finalidad.
Sin esta orientación, la tecnología corre el riesgo de reproducir desigualdades estructurales, amplificar violencias digitales o debilitar la autonomía institucional.
Conclusión
La inteligencia artificial ya forma parte del andamiaje operativo del Estado contemporáneo.
En México, su gobernanza no puede ser fragmentaria ni subordinada a dinámicas externas. Debe responder a una arquitectura jurídica, institucional y soberana coherente con los principios del Humanismo Digital.
Entender la gobernanza de la inteligencia artificial como responsabilidad estatal no es una postura ideológica. Es una exigencia constitucional en la era algorítmica.
La tecnología debe fortalecer al Estado democrático y servir a la dignidad humana. Nunca sustituirlos.