La nueva brecha de la inteligencia artificial: acceso sin capacidad puede convertirse en dependencia
Serie: México ante la nueva arquitectura global de la inteligencia artificial · 2/4
Categoría: Soberanía Digital y Estado
Autora: María Gabriela Cordero González
Fecha: 11 de septiembre de 2026
El acceso a inteligencia artificial se está expandiendo con rapidez.
Gobiernos, universidades, empresas y ciudadanos pueden utilizar hoy herramientas que hace apenas unos años estaban reservadas a laboratorios especializados o a grandes corporaciones tecnológicas.
Este proceso abre oportunidades importantes para el desarrollo económico, la administración pública, la educación, la salud, la ciencia y la innovación.
Pero el acceso, por sí mismo, no constituye soberanía tecnológica.
Un Estado puede utilizar sistemas avanzados de inteligencia artificial y seguir dependiendo de terceros para comprenderlos, evaluarlos, adaptarlos, auditarlos o determinar las condiciones bajo las cuales pueden operar.
Esa diferencia es cada vez más importante.
Uno de los hallazgos que desarrollé en mi Informe Ejecutivo Post-Ginebra, elaborado después de mi participación en el Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance celebrado en Naciones Unidas en julio de 2026, es precisamente que la nueva brecha de la inteligencia artificial ya no puede medirse únicamente en términos de acceso.
También es una brecha de capacidad e influencia.
El informe identifica desigualdades en infraestructura, talento especializado, capacidad de gobernanza, aplicación contextual y participación en la formación de estándares internacionales. Cuando un país no produce evidencia propia, no desarrolla capacidad técnica suficiente o depende completamente de criterios construidos en otras jurisdicciones, su margen de decisión puede reducirse aun cuando tenga acceso abundante a tecnología.
Este cambio obliga a ampliar la manera en que entendemos la soberanía tecnológica.
Acceso y soberanía no son equivalentes
Durante mucho tiempo, la discusión sobre la brecha digital estuvo asociada principalmente con conectividad, infraestructura y acceso.
Ese problema sigue siendo relevante.
Sin embargo, la inteligencia artificial introduce una dimensión adicional.
Un país puede tener acceso a modelos avanzados, servicios de nube, herramientas generativas y sistemas automatizados y, al mismo tiempo, depender de proveedores externos para evaluar su funcionamiento, conocer sus límites, adaptar sus sistemas a necesidades locales o establecer las condiciones de su utilización.
La cuestión ya no consiste únicamente en quién puede utilizar inteligencia artificial.
También importa quién puede comprenderla, evaluarla, contratarla en condiciones adecuadas, supervisarla, adaptarla y decidir sobre su uso.
El Informe Post-Ginebra señala que el entrenamiento de modelos de frontera exige cantidades extraordinarias de cómputo, capital, datos, talento e infraestructura, recursos que actualmente se encuentran concentrados en un número reducido de empresas y países. Esa concentración influye también en qué se investiga, qué se mide y en qué condiciones se accede a determinadas capacidades tecnológicas.
La discusión sobre soberanía tecnológica comienza precisamente en ese punto.
No porque los Estados deban producir internamente cada modelo, servidor o componente tecnológico, sino porque necesitan conservar margen efectivo de decisión sobre tecnologías que pueden incidir en derechos, instituciones, servicios públicos e intereses estratégicos.
Puede existir dependencia en medio de la abundancia tecnológica
La dependencia tecnológica contemporánea puede ser menos visible que la dependencia industrial tradicional.
Puede ocurrir exactamente lo contrario.
Una administración pública puede tener acceso a herramientas extraordinariamente sofisticadas y depender del proveedor para determinar si esas herramientas son adecuadas para la población donde van a utilizarse.
Puede automatizar un proceso utilizando sistemas desarrollados en otro país sin disponer de suficiente evidencia sobre su desempeño en español mexicano o en determinados contextos institucionales.
Puede contratar infraestructura digital sin contar con condiciones adecuadas de portabilidad o sustitución.
Puede adoptar estándares internacionales valiosos y, sin embargo, carecer todavía de capacidad suficiente para producir evidencia propia sobre sus efectos en México.
Por eso, el grado de acceso no permite conocer por sí mismo el grado de autonomía tecnológica de un Estado.
La pregunta relevante es cuánto criterio propio conserva.
Cinco formas de dependencia tecnológica
La dependencia asociada con la inteligencia artificial no adopta una única forma.
Conviene distinguir al menos cinco dimensiones.
- Dependencia infraestructural
La inteligencia artificial funciona sobre una infraestructura material que muchas veces desaparece de la conversación pública.
Cómputo, centros de datos, servicios de nube, conectividad, energía, redes y almacenamiento constituyen parte de la infraestructura que permite entrenar y operar sistemas avanzados.
Cuando una institución depende de infraestructura sobre la que posee escasa capacidad de sustitución o negociación, esa dependencia puede convertirse en un problema estratégico.
El Informe Post-Ginebra identifica precisamente la distribución desigual de cómputo, conectividad, energía, nube y datos como una de las dimensiones centrales de la brecha contemporánea de inteligencia artificial.
La soberanía tecnológica exige conocer esas dependencias y desarrollar capacidad para administrarlas.
- Dependencia tecnológica
Una segunda dimensión aparece cuando modelos, herramientas o componentes fundamentales son desarrollados y controlados por actores externos.
Esto no representa necesariamente un problema.
La cooperación tecnológica internacional forma parte del funcionamiento normal de la economía digital.
El riesgo aparece cuando una institución utiliza una tecnología esencial sin contar con suficiente capacidad para comprender sus límites, adaptarla a sus necesidades o establecer condiciones sobre su funcionamiento.
En sistemas capaces de intervenir en procesos administrativos, servicios públicos o decisiones que afectan derechos, esa capacidad deja de ser únicamente una cuestión técnica.
Adquiere relevancia jurídica e institucional.
- Dependencia de conocimiento
Existe otra dependencia menos visible: la dependencia del conocimiento necesario para evaluar la propia tecnología.
Una institución puede disponer de acceso a un sistema avanzado y, aun así, necesitar recurrir exclusivamente al proveedor para comprender cómo funciona, cuáles son sus riesgos o qué tan confiables son sus resultados.
Esto genera una asimetría importante.
Quien vende o desarrolla una tecnología no debería convertirse automáticamente en la única fuente capaz de determinar si esa tecnología funciona correctamente.
La capacidad institucional requiere conocimiento propio.
Ingenieros, juristas, especialistas en políticas públicas, científicos de datos, expertos sectoriales y autoridades necesitan desarrollar lenguajes comunes que permitan evaluar sistemas desde distintas perspectivas.
La formación de talento especializado se convierte así en una cuestión de soberanía.
- Dependencia contractual
La contratación tecnológica también puede determinar el margen de decisión de una institución.
Las condiciones de acceso a datos, actualizaciones, portabilidad, interoperabilidad, almacenamiento, terminación contractual, auditoría o cambio de proveedor pueden ampliar o reducir significativamente la autonomía institucional.
Por ello, la contratación pública de inteligencia artificial no puede analizarse como una adquisición tecnológica ordinaria.
El Estado necesita capacidad para negociar condiciones que preserven continuidad, seguridad, trazabilidad y capacidad de sustitución.
La soberanía también se construye mediante contratos.
- Dependencia normativa y epistémica
Existe finalmente una forma más profunda de dependencia.
Un país puede adoptar tecnologías desarrolladas en otros contextos y asumir también, de manera automática, las métricas, categorías y criterios con los que esas tecnologías fueron evaluadas.
El problema aparece cuando esos parámetros se convierten en la única referencia disponible.
La inteligencia artificial no funciona de manera idéntica en todos los territorios, lenguas, poblaciones o instituciones.
El Informe Post-Ginebra recoge precisamente la existencia de diferencias de desempeño entre geografías y lenguas y plantea la necesidad de producir evidencia en español regional, lenguas indígenas y contextos administrativos propios.
Esto tiene una consecuencia importante.
La capacidad para producir conocimiento propio también forma parte de la soberanía tecnológica.
Un Estado necesita participar en la construcción de estándares internacionales, pero también generar evidencia que permita saber cómo funcionan esos estándares y esas tecnologías dentro de su propia realidad.
Importar tecnología no obliga a importar criterio.
México ya está construyendo capacidades
El Plan Nacional de Inteligencia Artificial incorpora elementos vinculados con soberanía tecnológica, infraestructura estratégica, formación de talento, software público, gobernanza y capacidad estatal.
El propio Informe Post-Ginebra identifica convergencias importantes entre estas líneas y la necesidad de construir capacidades nacionales para evaluar y gobernar inteligencia artificial.
El Plan plantea además una visión del Estado con capacidad para desarrollar y no únicamente adquirir tecnología, e incorpora componentes como software público, datos preparados, formación especializada, entornos controlados e infraestructura estratégica de cómputo.
Esa dirección abre una pregunta que será cada vez más relevante para la política digital mexicana:
¿cómo convertir esas capacidades en margen efectivo de decisión?
Aquí aparece un concepto que considero necesario desarrollar.
Capacidad soberana de decisión
La soberanía tecnológica adquiere contenido cuando puede traducirse en decisiones.
Propongo entender la capacidad soberana de decisión como la aptitud efectiva del Estado para comprender las tecnologías estratégicas que utiliza, establecer las condiciones de su incorporación, evaluar sus efectos, supervisar su funcionamiento y conservar margen real para modificarlas, limitarlas o prescindir de ellas cuando lo exijan el interés público, los derechos fundamentales o la seguridad nacional.
No se trata todavía de una definición jurídica cerrada.
Es un criterio para observar algo que con frecuencia permanece oculto detrás de las cifras de adopción tecnológica: cuánto poder de decisión conserva realmente una institución después de incorporar una determinada tecnología.
Porque un Estado puede utilizar tecnología desarrollada en otro país y mantener capacidad soberana de decisión.
También puede desarrollar tecnología dentro de su territorio y depender de infraestructura, conocimiento o criterios externos para gobernarla.
La nacionalidad del proveedor no resuelve por sí misma el problema, lo decisivo es la capacidad institucional que permanece del lado del Estado.
De ahí una frase que resume esta idea:
La soberanía tecnológica comienza donde termina la dependencia de criterio, la soberanía dentro de la interdependencia
Ningún país construye por sí solo toda la cadena tecnológica contemporánea.
Semiconductores, infraestructura de nube, modelos fundacionales, estándares técnicos, investigación científica, ciberseguridad y servicios digitales forman parte de ecosistemas internacionales profundamente interdependientes.
México puede beneficiarse de esa interdependencia y, al mismo tiempo, fortalecer su capacidad nacional de decisión.
La cooperación internacional, la interoperabilidad y la participación en mercados globales son compatibles con la soberanía cuando amplían capacidades nacionales en lugar de sustituirlas.
Esta idea será especialmente importante para América Latina.
La región necesita participar en los sistemas internacionales de gobernanza de inteligencia artificial, incorporar conocimiento científico y aprovechar tecnologías desarrolladas globalmente. Pero también necesita producir evidencia, desarrollar talento, construir infraestructura, participar en estándares y conservar capacidad para decidir cómo esas tecnologías operan dentro de nuestras sociedades.
México cuenta con condiciones singulares para desempeñar ese papel. Su escala económica, su tradición jurídica, su relación con América del Norte, su pertenencia latinoamericana y su presencia multilateral le permiten participar simultáneamente en distintos espacios de gobernanza tecnológica, la oportunidad consiste en convertir esa posición en capacidad institucional.
De acceso a capacidad
La expansión de la inteligencia artificial hará que cada vez más tecnologías avanzadas estén disponibles para gobiernos, empresas y ciudadanos.
Ese acceso puede generar enormes beneficios, pero el desarrollo tecnológico del país también debería medirse desde cuánto conocimiento produce, cuánto puede evaluar, cuánto puede negociar, cuánto puede adaptar y cuánto margen conserva para decidir.
La soberanía tecnológica del siglo XXI probablemente se jugará en ese espacio.
- Entre utilizar una tecnología y ser capaz de gobernarla.
- Entre recibir estándares y participar en su construcción.
- Entre depender de una solución y conservar alternativas.
- Entre acceder a inteligencia artificial y tener capacidad propia para decidir qué papel debe ocupar dentro de nuestras instituciones.
México ya ha comenzado a construir varios de esos componentes.
La siguiente pregunta es institucional:
¿qué arquitectura permite convertir el acceso tecnológico en capacidad soberana efectiva de gobernanza?
Esa será la siguiente etapa de esta conversación.
Soberanía primero, Tecnología con propósito y siempre con propósito social.
México tiene la oportunidad de construir una relación con la inteligencia artificial basada en capacidad propia de decisión y, desde ahí, avanzar como arquitecto de una nueva justicia digital.